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Se le aumenta el pago concedido a anterior acusado de asesinato

awardeesEl fallecido Charles Woodye, de 24 años; Micah Thompson de 34; y el fallecido Shelton “Pinky” Tillett, 30, según se alega todos asociados de la pandilla de George Street, el Jueves obtuvo mas compensación por daños en la Corte de Apelaciones  a raíz de once meses de encarcelamiento injusto bajo un cargo de asesinato después que fuera despedida la apelación del gobierno.

El presidente de la corte de apelaciones Manuel Sosa y los jueces Dennis Morrison y Samuel Awich concedieron $30,000 a los estados de Woodye y Tillett y a Thompson quien todavía está vivo, aumentado de $25,000 concedidos en la Corte Suprema y también les concedió los costos de la apelación.

El trío estuvo entre cinco acusados de asesinar a John Paul Saldivar, de 28 años, un guía de turistas de San Pedro, quien fue hallado parcialmente desnudo y torturado en el área de Rocky Point, Cayo Ambergris el 30 de Enero de 2009.

La policía creía en ese entonces de que el incidente y el doble asesinato reportado más tarde estaban relacionados con drogas, pero los cargos contra Woodye, Thompson, Tillett y los otros fueron retirados bajo las órdenes de la Directora de Procesos Públicos (DPP) en Enero de 2010. Más adelante entablaron una demanda judicial.

El caso fue escuchado ante la entonces Juez de la Corte Suprema Minnet Hafiz-Bertram, quien dictó que el departamento de policía y el oficial investigador el entonces asistente superintendente de policía (ASP), Dennis Arnold, comandante de la formación de San Pedro, fracasó en establecer una sospecha razonable para la detención, arresto y acusación de los hombres.

La policía había detenido a los tres en el puente de Boca del Rio en la noche del 30 de Enero, 2009, después de regresar de Rocky Point.

El ASP Arnold dice que sospechaba de la presencia de los tres hombres, bien conocidos a la policía en la ciudad de Belice, y decidió detenerlos como resultado, pero la Juez Hafiz-Bertram dictó que eso no era suficiente.

Fueron puestos en libertad 48  horas más tarde, y Thompson fue recogido otra vez e interrogado en la ciudad de Belice una semana después antes de que fueran impuestos los cargos.

Thompson, Tillett y Woodye habían demandado $200,000 en danos generales y danos especiales para recuperación de pagos a abogados y sueldos perdidos para Woodye, un empleado de registros con un departamento de gobierno al tiempo de su arresto.

Los partidos de Gobierno, representados por el sub fiscal de la corona, Nigel Hawke y la abogada de la corona, Iliana Swift, repitieron su argumento que el pago de daños debió haber sido limitado a la única hora  que cada hombre pasó detenido en 2009 antes de ser arrestado.

Pero la Juez dictó que la demanda, basada en lo que se le pagó al policía Gilbert Hyde quien había sido acusado y más tarde exonerado de conspiración para cometer asesinato, era distinguible de ese caso y mejor decidido en sus propios meritos.

Ella concedió $25,000 a cada demandante en daños generales y, costo de abogado de $5,000 repartido en tres para Kareem Musa y $5,000 por separado para Tillett por los servicios del abogado Ellis Arnold, SC.

Woodye fue otorgado $8,459 en sueldo perdido, y los tres ganaron los costos.

La abogada de los tres, Agnes Segura-Gillett, dijo que apelaron la porción del dictamen relacionado con los daños generales basados en de que la cantidad era demasiado baja comparada con casos similares en el Caribe.

No era justo por parte del juez, dijo, sugerir que sus clientes sufrieron menos que el policía Hyde, quien solo fue detenido por 18 días.

Los hombres dijeron que habían sido encarcelados en la sección “Supermax” de la cárcel de Hattieville y de que se les negaron ciertos privilegios.

Woodye fue asesinado en Agosto de 2011 mientras que el dictamen de la Corte Suprema todavía estaba pendiente.

Fue objeto de disparos por parte de un asaltante en la estación de bomberos de la calle Dolphin mientras jugaba dominó.

Shelton Tillett y una amiga, Kamill Andrews, fueron baleados en una gasolinera en Abril de 2012.

El gobierno puede apelar a la corte caribeña de justicia pero según Segura-Gillett sus clientes están razonablemente satisfechos y desean voltear una  nueva página en sus vidas, añadiendo que el caso sienta un precedente para castigar a agentes de policía quienes no hacen una buena tarea de investigar casos importantes e imponen cargos sin prueba alguna.

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